La Asociación Rural y la Federación Rural del Uruguay entregaron a los presidenciables un documento asumiendo, como ha sido histórico, "el compromiso de reivindicar aquellas condiciones que son fundamentales para el desarrollo socio económico de nuestra ruralidad". 

El material asume que para posibilitar el mantenimiento de una evolución positiva hacia el futuro es imprescindible mantener un marco social y económico que favorezca la acción del capital productivo y humano del país, superando con la acción conjunta de todos los agentes los inevitables problemas coyunturales que nos puedan afectar.

Institucional.

En este aspecto solicitan respetar firmemente el sistema democrático republicano establecido en la Constitución. Además respetar, sin excepciones ni excusas, principios constitucionales fundamentales como el derecho de propiedad privada, el de libertad de trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita; "oponiéndose firmemente a toda iniciativa que pueda generar en definitiva, pérdida de libertad".

Económico.

En este punto el documento establece necesario "reformar el Estado de tal forma que cumpla sus roles eficientemente, sin significar una traba al desarrollo de la economía en su conjunto, promoviendo políticas de acceso a mercados, junto con el sector privado, de modo de reducir la vulnerabilidad externa".

Otro punto es respetar las políticas de equilibrio fiscal en el largo plazo, limitando así su incidencia en la fijación de la tasa interna de interés y, por lo tanto, en el nivel de inversión.

Mantener un régimen cambiario flexible que respete las variaciones en el tipo de cambio real de equilibrio, de forma de no afectar la competitividad de los sectores productivos y en particular los exportadores.

Además reafirmar, con relación al agro, lo establecido en la Reforma tributaria fijando como base de tributación la renta real, neta o bruta, de los establecimientos, eliminando impuestos específicos o ciegos "que tanto han distorsionado en el pasado la actividad productiva". Y piden asegurar el libre juego de la oferta y la demanda en precios de productos e insumos, no limitando arbitrariamente exportaciones o importaciones, ni modificando el entorno, distorsionando el funcionamiento del mercado y afectando a los eslabones más débiles de la cadena.

También piden actuar evitando y controlando monopolios, oligopolios, monopsonios u oligopsonios, públicos o privados, garantizando las mejores condiciones para la libre competencia y transparencia de los mercados.

Promover el desarrollo de un mercado de capitales que facilite las posibilidades de financiamiento del sector con participación de capitales de riesgo, el desarrollo de mercados de futuros y de seguros adecuados a nuestra realidad. En este sentido permitir que las empresas agropecuarias, en igualdad de condiciones con las del resto de la economía, puedan adoptar aquellas formas jurídicas más indicadas para la integración de capitales dirigidos a la inversión productiva.

En cuanto a infraestructura, el documento establece programar un sistema de inversiones en carreteras, caminería en general, ferrocarriles, vías férreas y adecuación de los puertos para la colocación de la producción uruguaya en los mercados externos, haciendo uso de los recursos que dispone el Estado, de líneas internacionales de crédito y de acuerdos públicos privados de forma de evitar que en un futuro cercano se llegue a un "apagón logístico".

Social.

En este rubro se establece facilitar el acceso de la población rural a la educación y a la capacitación específica, en particular atendiendo la adolescencia en su etapa de educación media, ofreciendo alternativas válidas en la formación para los oficios con base técnica, concomitantemente introducir cambios en los programas formales que dignifiquen y hagan conocer la ruralidad del país.

También priorizar el gasto público dirigido a las mejoras en la atención de la salud pública en el interior.

Ambiental.

Sobre la Minería de Gran Porte: ARU considera que dichos emprendimientos no deberían llevarse a cabo hasta tanto no se cuente con las garantías ambientales imprescindibles. Su ejecución puede poner en peligro la salud humana y la identidad del país como productor y exportador de alimentos saludables, seguros y confiables.

Respecto a la sustentabilidad de la producción, establece promover acciones y políticas que ayuden al crecimiento productivo basado en el equilibrio de los recursos ambientales, sociales y económicos, "pilares indiscutibles del desarrollo en el largo plazo".

Política agropecuaria.

En este punto, establece la necesidad de promover la libre empresa, el libre mercado, la no intervención del Estado en los mismos, mantener la neutralidad entre sectores de manera de no generar transferencias artificiales.

También promover la participación del sector privado en la instrumentación y gestión de políticas sectoriales. Piden una atención especial a sectores y grupos de productores en crisis coyunturales sea por clima, mercados o casos especiales.

También en este rubro solicitan fortalecer el Sistema Sanitario Animal Nacional, incrementando la vigilancia e implementando evaluaciones de riesgo precisas y severas en nuestras importaciones de origen animal.

Además robustecer el sistema nacional de investigación y los procesos de cambio tecnológico como elementos claves para el mantenimiento de la competitividad del sector. Y también promover técnicas y sistemas de producción innovadores que aporten a la producción, por ejemplo: biotecnología, genética, riego, silvopastoreo y todas aquellas prácticas que estén en la frontera del conocimiento tecnológico y de su aplicación real.

Discrepancias.

El comunicado de la Asociación y Federación Rural tiene un último punto que pide derogar las siguientes normativas aprobadas: de Impuesto al Patrimonio, de Responsabilidad Penal Empresarial, de Actividad Minera de Gran Porte, de Inclusión financiera y la de Responsabilidad Laboral en los Procesos de DescentralizaciónnEmpresarial.

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